El Ministerio del Interior ha firmado un convenio con la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) para facilitar un chaleco de identificación a los profesionales de la información que acudan a cubrir actos que puedan resultar conflictivos, como manifestaciones y otros. Ante esa decisión, que deja al margen a muchas organizaciones profesionales representativas y a miles de informadores que no pertenecen a la FAPE, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) manifiesta:

1.- La utilización de medios de identificación no debe impedir el libre movimiento de los profesionales de la información, necesario para realizar su trabajo, ni puede significar su arrinconamiento en zonas alejadas del lugar de los hechos. Pero el convenio firmado por Interior señala, por el contrario, que el chaleco de identificación sólo permitirá acceder a los espacios que consideren las Fuerzas de Seguridad, que no garantizarán la seguridad de los informadores fuera de los mismos, y añade que los profesionales de la información serán responsables de los riesgos que se puedan derivar de su trabajo si no acatan las indicaciones. Así no se garantiza la libertad de información.

2.- Los agentes de seguridad deben respetar el trabajo del profesional, con independencia de las características del medio al que represente, porque sólo así se puede cumplir el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir información veraz. Varios informadores han sufrido agresiones, intimidaciones y retenciones en los últimos meses por parte de agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de otras policías, lo que supone un grave atentado contra el derecho citado.

3.- La FAPE es una asociación privada y, como tal, no representa a efectos legales a los periodistas españoles. El Ministerio de Interior no puede obligar a los informadores a que acudan a una entidad privada para obtener el chaleco de identificación.

4.- En España no está regulada por ley la profesión periodística, algo que la FeSP viene reclamando desde hace tiempo. Por consiguiente, tampoco existe un documento legal que acredite que una persona es periodista. A diferencia de lo que ocurre en Europa y en otros muchos países, ninguna entidad pública acredita legalmente para ejercer esta profesión. El Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) viene exigiendo desde hace tiempo esa regulación, pero una anterior dirección de la FAPE optó hace años por abandonar este foro unitario de la profesión, situarse en algunos asuntos en posiciones similares a las que defienden los empresarios y arrogarse una representación de los periodistas españoles que no tiene ni le corresponde. Esa ruptura del consenso ha sido utilizada por el Gobierno y los grupos parlamentarios como argumento para no aprobar una ley que garantice el derecho a la información de la ciudadanía y los derechos de los profesionales.

5.- La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) cuenta con más de 2.500 afiliados y casi 300 miembros de comités de empresa y delegados de personal, nombrados en elecciones sindicales, con los que representa legalmente a más de 20.000 trabajadores de empresas de comunicación. Además, existen las agrupaciones de periodistas CCOO y UGT, que representan asimismo a miles de profesionales, y Colegios de Periodistas en varias comunidades autónomas. El Ministerio de Interior debe tener en cuenta esta representación para negociar cualquier asunto que afecte a la profesión periodística. Mientras no exista una regulación por ley, exigimos a los poderes públicos que cuenten con todas las organizaciones para firmar cualquier convenio que afecte a las condiciones de trabajo de los profesionales.

6.- Esta situación pone de manifiesto, de nuevo, la necesidad de regular por ley el trabajo de los informadores profesionales, con el consiguiente carné profesional acreditativo otorgado por una entidad pública, representativa y participativa. José Luis Rodríguez Zapatero lo prometió en 2004, cuando estaba en la oposición, pero desde que está en el Gobierno no ha cumplido este compromiso.