El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) se suma a la campaña de apoyo a la periodista Mar Cerezalez, presidenta del comité de empresa de los informativos de IB3 y miembro de la ejecutiva del Sindicato de Periodistas de las Islas Baleares, multada por manifestarse en una concentración de trabajadores. Invitamos a todos los afiliados al SPA a enviar mensajes de solidaridad y apoyo a nuestra compañera a su correo personal mcerezalez@hotmail.com y a título individual al igual que se está haciendo ya desde la FeSP.

Represión contra una sindicalista en Mallorca

Multan a la periodista Mar Cerezalez, presidenta del comité de empresa de los informativos de IB3 y miembro de la ejecutiva del SPIB por manifestarse en una concentración de trabajadores

La Delegación de Gobierno en Mallorca ha multado con 301 euros a la periodista Mar Cerezalez, presidenta del comité de empresa de los informativos de IB3, la televisión autonómica de Baleares, y miembro de la ejecutiva del Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB), culpándola de la concentración de los trabajadores que tuvo lugar ante el Consulado de Mar el pasado 7 de diciembre, convocada en defensa de sus lugares de trabajo y en contra del ERE previsto por IB3-CBM.

Desde el SPIB denuncian “la represión contra la presidenta del comité de empresa que consideramos un atentado a la libertad de expresión y una forma descarada de querer acallar las voces discordantes.

Consideramos absolutamente desproporcionada la sanción que pondremos en manos de nuestros servicios jurídicos para que pueda ser recurrida. Igualmente, consideramos que no era procedente denegar el permiso para la concentración de los trabajadores de IB3 cuando se produjo en un lugar sin tránsito, sin molestar a nadie y ejerciendo el derecho de la libertad de expresión.

Desde el SPIB, en representación de los periodistas de las Islas Baleares, nos solidarizamos con Mar Cerezalez y proponemos asumir entre todos el coste de la sanción.

Tengamos presente cada día que el derecho de manifestación es un derecho fundamental que todos los ciudadanos tenemos que poder ejercer en un estado democrático. Es un derecho ligado a la libertad de expresión y una vía legítima para poder decir lo que pensamos. Las sanciones no podrán evitar que nos sigamos manifestando para defender los derechos laborales y sociales, con voz alta y clara, y allá donde sea más conveniente.”

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