Así se ha puesto de manifiesto en el Foro Andaluz de la Comunicación, Ciudadanía y Educación, que se está celebrando en Córdoba, y del que forma parte el Sindicato de Periodistas de Andalucía.

España no sólo es ya el único país de su entorno que carece de Consejo Audiovisual Estatal, sino que su legislación es más regresiva que la de otros de América Latina o de África, como Argentina, Bolivia, Uruguay, Bolivia o Túnez. En este país es una instancia de la sociedad civil independiente y propulsada por el Sindicato de Periodistas de Túnez, la que designa a los directores de los medios de comunicación públicos y concede las licencias de radio y televisión. A diferencia de España, donde ambos tipos de nombramientos los hacen los gobiernos de turno.

Así se ha puesto de manifiesto en el Encuentro Andaluz de Comunicación, Ciudadania y Educación, que se está celebrando en Córdoba y del que forman parte una decena de entidades sociales, colectivos y organizaciones profesionales, entre ellas el Sindicato de Periodistas de Andalucía. Los datos sobre Túnez los aporta Awatef Ketiti, profesora de Comunicación de la Universidad de Valencia, quien ha destacado que los avances legislativos y democráticos se están viendo amenazados por las presiones de los grupos islamistas para controlar la vida pública y privada y a los medios de comunicación, con el riesgo que ello supondría de regreso a tiempos pasados.

Especialmente llama la atención el caso de los países latinoamericanos, de los que buena parte tienen regularizado el Tercer Sector de la Comunicación, esto es, los llamados medios de comunicación comunitarias o ciudadanos. Argentina, Uruguay o Bolivia destinan un tercio del espacio redioeléctrico a proyectos de comunicación promovidos por la sociedad civil y la ley audiovisual estatal no establecen límites económicos ni geográfico. Por el contrario en España la actual ley audiovisual estatal es tan restrictiva que las hace prácticamente inviables, al limitarles su presupuesto y no permitirles la actividad comercial, condenándolas a la marginalidad. Así lo explica la coordinadora general de la red de medios comunitaros, Miriam Meda. ¿Quieren que seamos pequeños y pobres?, aseveró.

Las organizaciones asistentes coinciden en señalar la necesidad de legislar y en este sentido consideran de gran importancia la futura Ley de Participación Ciudadana que prepara el Gobierno andaluz, así como la Ley Audiovisual Andaluza que el ejecutivo andaluz se ha comprometido a realizar. A este respecto el Foro presentará a los redactores de la ley una batería de propuestas y demandas ciudadanas para que se garantice que el espacio radioeléctrico esté realmente al servicio de la ciudadanía.