Varios periodistas malagueños han puesto en circulación un comunicado-carta de apoyo al fotógrafo Rafael Marchante por su ‘expulsión’ de Marruecos. Y piden que quien quiera sumarse a la protesta reenvíe la carta a los emails del ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ( ministro@maec.es) y a la vicepresidenta María Teresa Fernández ( vicepresidencia.primera@vp.gob.es) firmándola con su nombre, dos apellidos y el DNI en un intento de que el Gobierno español haga todos los esfuerzos diplomáticos posibles para hacer cambiar de postura al reino alauí.

El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) apoya esta carta e invita a todos los afiliados que lo deseen a secundar esta protesta y a su vez a difundirla todo lo posible. El SPA ya denunció pública y formalmente el año pasado las agresiones que sufrió el fotógrafo andaluz Rafael Marchante por parte de las autoridades marroquíes y vuelve a condenar ahora la actitud del Gobierno de Marruecos, en lo que considera un claro ejemplo de censura y de represión de la libertad e independencia informativa.

CARTA DE APOYO AL FOTÓGRAFO ANDALUZ RAFAEL MARCHANTE

El Gobierno marroquí ha comunicado su decisión de no renovar la acreditación de prensa del fotógrafo gaditano Rafael Marchante, corresponsal de la agencia de noticias Reuters en Marruecos desde 2006. Esto impide que pueda seguir trabajando en ese país y, en la práctica, equivale a una expulsión. Rafael Marchante sufrió cuatro agresiones a lo largo de 2008 en el desempeño de su trabajo; tres de ellas mientras cubría manifestaciones de licenciados en demanda de empleo y la cuarta y última, durante la realización de un reportaje en la localidad de Boya Omar. En una de las ocasiones fue salvajemente apaleado por miembros de las Fuerzas Auxiliares del Gobierno, y despojado de su equipo fotográfico, que jamás le fue devuelto.

Las presiones del Gobierno marroquí sobre medios de comunicación y periodistas nacionales han sido objeto de reiteradas denuncias por parte de organizaciones como Amnistía Internacional o Reporteros sin Fronteras (RSF). En mayo de 2008, esta última organización lanzó un comunicado en el que manifestaba su “preocupación por el deterioro de la situación de la libertad de prensa en Marruecos”. En los últimos meses, la misma ONG ha dado cuenta de la detención, procesamiento o encarcelamiento de cinco periodistas y de la imposición de multas millonarias a medios de comunicación por haber publicado informaciones o editoriales críticos con el Gobierno (www.rsf.org).

En abril de 2008, una delegación de RSF se entrevistó con el ministro de Comunicación, Khalid Naciri, quien se comprometió a reformar el Código de Prensa, que dispone penas de cárcel por la difusión de informaciones que se consideren “difamantes” para la familia real, la religión o la integridad territorial, o que sean “susceptibles de crear alarma social”. La mayoría de los procesos abiertos contra periodistas se escuda en este Código de Prensa, contradictorio con la Constitución de 1996, que garantiza la libertad de movimiento, expresión y reunión. Un año después de que Naciri expresara este compromiso, no existe ningún proyecto de reforma de dicho Código de Prensa.

La situación de falta de libertades alcanza también al trabajo de los periodistas extranjeros. Hace un año, los corresponsales españoles en Marruecos denunciaron el “acoso sistemático” del que eran objeto por parte del Gobierno marroquí, que entonces acababa de denegar renovación de la acreditación a las reporteras Carla Fibla (Cadena SER) y Beatriz Mesa (COPE), por haber asistido a una conferencia en Mallorca organizada por una plataforma de apoyo a la causa saharaui. En aquella ocasión, las gestiones de los servicios diplomáticos españoles a instancias de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, lograron hacer cambiar de parecer al Gobierno marroquí.

El caso de Rafael Marchante no ha provocado hasta el momento ninguna reacción por parte del Gobierno o de la Embajada Española en Marruecos, a pesar de que la noticia de la no renovación de su acreditación de prensa ha sido publicada en diversos medios de comunicación (El País, el Mundo, Diario de Cádiz, entre otros) que la han calificado unánimemente como “expulsión velada”. Rafael Marchante no trabaja para un medio de comunicación español, sino para una agencia internacional cuya capacidad para exigir la intervención del Gobierno de España es más limitada. Sin embargo, Marchante tiene nacionalidad y pasaporte español, y por tanto, le asiste el mismo derecho de amparo por parte de su Gobierno que a cualquier ciudadano de este país. Los abajo firmantes solicitamos la INTERVENCIÓN INMEDIATA del Gobierno de España en amparo de este periodista, cuya trayectoria profesional destaca no sólo por la excelente calidad de su trabajo (en los últimos años ha colaborado asiduamente con El País, la agencia EFE, El Periódico de Catalunya o la agencia Reuters, y ha sido galardonado con el Premio Andalucía de Periodismo 2002 y seleccionado tres veces para el World Press Photo), sino por su compromiso con quienes no tienen voz”.