En un comunicado emitido el pasado 9 de noviembre, “las organizaciones que componen el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) consideran imprescindible que se modifique la actual redacción del Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, que pone en peligro más de 10.000 puestos de trabajo en toda España, dejando la vía libre a la privatización de las cadenas de titularidad pública. El FOP ha remitido a los grupos parlamentarios una serie de propuestas para enmendar el proyecto”.

La transposición obligatoria de la normativa europea en este ámbito permite legislar con la mirada puesta en el servicio público esencial que deben de tener los medios de comunicación, pero el gobierno ha optado por liberalizar todo el mercado, asegurando los intereses de los empresarios privados de la comunicación y desestabilizando tanto al sector de titularidad pública como al privado, fundamentalmente en cuanto a infraestructuras, plantillas y producción propia.

Otra de las concesiones a los empresarios de la comunicación es que se les otorga el “derecho a la autorregulación”, fórmula que se ha demostrado ineficaz durante años y que deja prácticamente indefensos a los usuarios, receptores de la comunicación. Podría haberse apostado, si no por la logofespregulación completa, si por la corregulación, que funciona en otros países de la Unión Europea.

El FOP confía en que los grupos parlamentarios estudien y acepten las propuestas enviadas por este grupo, que aglutina a las organizaciones de periodistas más representativas del Estado español.

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), y con ella el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), pertenece al FOP, junto con la Agrupación de Periodistas de UGT, la Agrupación de Periodistas de CCOO, el Colegio de Periodistas de Cataluña y el Colegio de Periodistas de Galicia