Estimado señor:

 Con motivo de las elecciones generales del 9 de marzo próximo, desde  a Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) nos dirigimos a  todos los candidatos a la Presidencia del Gobierno para presentarles nuestras principales preocupaciones y conocer su opinión al respecto y sus compromisos concretos sobre ellas.

Estimado señor:

 Con motivo de las elecciones generales del 9 de marzo próximo, desde  a Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) nos dirigimos a  todos los candidatos a la Presidencia del Gobierno para presentarles nuestras principales preocupaciones y conocer su opinión al respecto y sus compromisos concretos sobre ellas.

En la última legislatura se ha producido algún avance en la dirección de nuestras propuestas con la aprobación de la nueva ley sobre la RTVE, aunque ha llegado acompañada de una reducción de recursos humanos mediante prejubilaciones que ha ocasionado en las redacciones el descabezamiento de un buen número de los mejores profesionales con experiencia, indispensables para acometer la reforma pretendida.

Entendemos que la reforma de RTVE ha de estar acompañada de una nueva Ley del Audiovisual y de la creación de una Autoridad del Audiovisual independiente, para completar el marco legislativo en el sector de los medios audiovisuales públicos y privados. Pero, una vez más, estas iniciativas legislativas han quedado aplazadas. También creemos que los criterios de reforma de RTVE deben ser aplicados al conjunto de las radios y televisiones públicas autonómicas y locales que no lo hayan hecho, y que son la mayoría, para configurar un sector público que sea digno de este nombre.

En el ámbito laboral del sector audiovisual no se ha podido lograr la negociación colectiva, debido a la persistente negativa de la patronal privada. En el mejor de los casos sólo se han logrado convenios con algunas empresas concretas que son de las más grandes del sector. Pero, al mismo tiempo, la proliferación de nuevas empresas radiofónicas o televisivas y el dinámico sector de productoras privadas mantienen el lamentable estado de desregulación laboral, siendo un auténtico pozo de precariedad.

Una precariedad que afecta también al conjunto de los medios de comunicación de todo tipo, en los que tampoco se ha regulado laboralmente la figura del "colaborador" ni la del "corresponsal", que siguen con el tradicional sistema del cobro "a la pieza", sin que se reconozca su dependencia laboral de la empresa y sin ningún tipo de contrato.

 A pesar de las recomendaciones incluidas en el Código Deontológico del Periodismo, que el Consejo de Europa aprobó por unanimidad en 1998 y que España ratificó, el derecho a la información que consagra la Constitución española en su artículo 20 sigue sin estar regulado legalmente, como tampoco lo está el derecho constitucional al secreto profesional.

Muchos son los desajustes de la realidad informativa en España. Muy lejos queda el cumplimiento del compromiso constitucional de que los ciudadanos tienen derecho a recibir una información "veraz, plural y completa". Un proyecto legislativo que pretende esa regulación, el Estatuto del Periodista Profesional, ha permanecido durante los últimos cuatro años en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados sin que haya llegado a ver la luz y ha decaído, por la disolución de las Cortes Generales, después de 109 prórrogas del plazo para presentar enmiendas.

Todas éstas son preocupaciones que trascienden el ámbito del colectivo periodístico. De aplicarse las soluciones que reclamamos, se configuraría un modelo para la información que estaría a la altura de una democracia madura y al servicio de la ciudadanía.
Por todo ello, desearíamos conocer sus compromisos sobre estas materias para la próxima legislatura, más allá de las referencias o ausencias del programa electoral de su formación política.

Deseándole todo tipo de éxitos personales, quedo a la espera de su respuesta.

Atentamente.

Enric Bastardes
Secretario general de la FeSP