La Marea Amarilla, plataforma ciudadana integrada por vecinos de las barriadas afectadas por la entrada en Granada del ferrocarril en superficie, se encuentra a la espera de que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna fije la reunión con el alcalde de Granada que podría producirse entre el 31 de enero y el 5 de febrero, según han asegurado a Chana Press fuentes de la plataforma que desconocen aún si este encuentro se producirá en Madrid o será el responsable gubernamental quien se desplace hasta Granada.
Mientras se confirma la fecha de la reunión, si esta se produjera y no quedara en el aire como ya ocurrió el pasado mes de diciembre con la cita eternamente pospuesta para la comisión de seguimiento de las obras del AVE en la provincia- la Marea Amarilla y la plataforma Granada en Marcha continúan recabando apoyos para la manifestación que tendrá lugar el día 12 de febrero a las 12 de la mañana.
Por otra parte, el pasado martes se reunieron las mesas del ferrocarril de las provincias de Almería, Granada y Jaén para evaluar la situación de aislamiento que vive el Oriente de la comunidad autónoma y “el firme propósito de hacer un frente común en la defensa de unas infraestructuras ferroviarias que mejoren la movilidad de las personas como de las mercancías de las tres provincias”, según el comunicado hecho público tras el encuentro.
Los integrantes de las mesas coincidieron en destacar que “el servicio ferroviario con el que cuenta las tres provincias está lejos de cubrir las necesidades básicas que debería satisfacer un servicio público” obligado a favorecer “la vertebración del territorio” y consideran que “sus deficiencias han alcanzado ya el carácter de inadmisibles”.
La situación de las últimas décadas ha deteriorado aún más el servicio “con cierres de líneas, pérdidas de destinos, aumento de los tiempos de viaje y obsolescencia del material rodante y de las infraestructuras” por lo que han elaborado un manifiesto que harán llegar tanto al Ministerio de Fomento como a la Junta de Andalucía en el que se recogen las siguientes reivindicaciones:
- Recuperación inmediata de la línea de Moreda de manera permanente.
- Determinación de plazos y cumplimiento de los mismos en la obra de Loja.
- Licitación de la variante sur de Loja y del soterramiento en Granada, en paralelo a la obra que se está realizando.
- Apuesta por la inversión en infraestructuras para el transporte de mercancías.
- Inversión en el intercambiador de Almería
- Mejora y saneamiento de la catenaria entre Almería y Huéneja y la electrificación del resto de línea con Granada, así como el trazado entre ambas capitales.
- Actuaciones de mantenimiento y mejora de la línea entre Almería y Linares-Baeza.
- Reactivación de las obras de la alta velocidad en la provincia de Almería, con inversiones plurianuales que garanticen la conexión con el Corredor Mediterráneo.
Aspecto de la construcción del muro en las inmediaciones de la Chana./Marea Amarilla.
Pérdidas económicas
Las mesas del ferrocarril consideran que el deterioro de las infraestructuras “se ha producido al tiempo que la población y la actividad económica han aumentado intensamente en las provincias de Almería, Granada y Jaén, por lo que las necesidades de comunicación y transporte han crecido en la misma proporción” lo que ha supuesto una creciente lejanía entre “una demanda que debería ser creciente y una oferta que se sigue deteriorando”. Critican además que, mientras en el resto de provincias andaluzas la modernización ha sido una constante y ha estado acompañada de importantes inversiones y esfuerzos de gestión, en Andalucía Oriental la tendencia ha sido la contraria “por lo que el agravio comparativo al que se está sometiendo a estas provincias no se debe seguir tolerando”.
Ante esta realidad consideran que, de no producirse una mejora a corto plazo “tanto en las líneas convencionales como en la alta velocidad, estos territorios están condenados a una pérdida progresiva e inevitable de competitividad con respecto a otras provincias del resto del Estado”. Esta situación podría revertir negativamente en una pérdida “en materia de PIB, crecimiento económico y empleo, con una repercusión directa entre otros, hacia los sectores de la agroindustria, el turismo y del resto de sectores productivos.
