La elección del nuevo presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) defrauda una vez más las expectativas de que Andalucía tenga un órgano de control audiovisual independiente del poder político.

La elección del nuevo presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) defrauda una vez más las expectativas de que Andalucía tenga un órgano de control audiovisual independiente del poder político.

Una vez más la independencia del Consejo Audiovisual de Andalucía queda en entredicho con el nombramiento del nuevo presidente de esta institución. Tras la dimisión de Ángel Vázquez Medel, la crisis del CAA se pretende zanjar con un capítulo más del espectáculo que nos vienen ofreciendo frecuentemente algunos partidos políticos, acostumbrados a gestionar las empresas públicas como si de una finca particular se tratara.

El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) rechaza los procesos partidistas que se siguen en el Consejo Audiovisual de Andalucía y responsabiliza de ello al conjunto de los partidos políticos andaluces con representación parlamentaria, que no han sabido hacer frente al reto de poner en marcha un órgano vital para el control del sistema audiovisual andaluz, que garantice una mayor democratización de los medios y un auténtico servicio público que todos los medios de comunicación están obligados a ofrecer a la ciudadanía.

El CAA nació ya bajo sospecha, sin la credibilidad suficiente para cumplir su cometido, tras la actuación de los partidos durante la negociación de la elección de los miembros del Consejo. Una vez más la historia se vuelve a repetir con la elección del presidente de este órgano y la remodelación de esta institución que debe tener en la independencia política uno de sus principales valores.

El SPA considera que el nombramiento de Juan Montabes como presidente del CAA pone en grave riesgo la credibilidad del órgano que, basado precisamente en su independencia, debe garantizar a la ciudadanía el pluralismo social y político en la información de los distintos medios audiovisuales, públicos y privados, así como la eficacia en la gestión de los públicos. Sin entrar en la capacitación y méritos del recién elegido presidente del CAA, el SPA cree que su significada militancia política le inhabilita para este cargo.

De la misma manera, no es sólo criticable la designación de militantes políticos como miembros del CAA, sino el chalaneo de los partidos para posibilitar la remodelación de la institución. El consenso que debe regir las decisiones dentro de este órgano no debe ser moneda de cambio para conseguir prebendas partidistas. Un claro ejemplo es el cambio de reglamento y el establecimiento de una vicepresidencia, que si bien puede ser necesaria para el correcto funcionamiento de este órgano, nunca debe ser objeto de negociación con fuerzas políticas contrarias con el fin de obtener la convocatoria de un pleno extraordinario que permita el nombramiento del nuevo presidente de este órgano.

En este tema no se nos puede escapar el paralelismo de esta situación con la registrada en el Consejo de Administración de la RTVA, otro órgano cuya politización desacredita cualquier voluntad de eliminar la dependencia política de la que siempre se ha acusado a las empresas públicas. Es difícil que esto ocurra cuando en la nómina del Consejo de Administración del ente público andaluz figuran, entre otros, el presidente del PSOE en Andalucía, el secretario y el jefe de comunicación del PP andaluz o el secretario general del PCA.

Desde el Sindicato de Periodistas de Andalucía seguimos reclamando una auténtica regulación del sector audiovisual y la democratización de los medios públicos, acabar con la televisión de partido, y hacerlo sin que ni gobierno ni partidos políticos sean los que marquen el destino, el papel y la función de los medios públicos de comunicación de Andalucía.

Los cambios dados en la modificación de la ley de la RTVA iban en este sentido. La apuesta del gobierno socialista en la legislatura 2004-08 con la regulación de RTVE puso de relieve la voluntad por hacer de las radios y las televisiones públicas entes al servicio de la ciudadanía, independientes del gobierno y por tanto, fuera del alcance del partidismo. Una apuesta que tras las decisiones adoptadas en la RTVA y en el CAA parece haberse desechado en Andalucía.