El Juzgado de lo Social número 7 de Granada ha estimado nulo el despido de una redactora del periódico IDEAL (grupo Vocento) y condena a la empresa “a la inmediata readmisión de la trabajadora en las mismas condiciones que regían la relación laboral antes del despido” con el abono de los salarios de tramitación correspondientes hasta la notificación de la sentencia. La redactora, representada por el letrado del Sindicato de Periodistas de Andalucía Marcos García Mariscal, con treinta y tres años de antigüedad en la empresa, fue despedida el 20 de marzo de 2013 mediante una carta en la que la empresa alegaba causas objetivas derivadas de los malos resultados económicos del diario y las nuevas necesidades organizativas.

Sin embargo, la jueza ha estimado en su sentencia que “la empresa no acredita que la amortización del puesto de trabajo de la actora esté suficientemente justificada y no obedezca al ejercicio por la misma de su derecho a reclamar el reconocimiento de sus derechos laborales” además -continúa la sentencia-, “la carta de despido recibida por la trabajadora obvia cualquier referencia a la elección de la demandante frente a otros trabajadores” y “trata de justificar dicha elección asegurando que la redactora presta funciones que no requieren de una labor investigadora o actualizadora y de las que, de alguna manera, se puede prescindir por el periódico”, extremo que no ha quedado “suficientemente acreditado”. La jueza sí considera importante, sin embargo, que la redactora haya mantenido varios conflictos con la empresa para reclamar sus derechos y que esta actitud de la demandante no ha podido ser rebatida por la empresa que “no ha logrado acreditar que concurren causas que eliminen la sospecha de que con el despido de la actora se está ocultando su reacción frente a la legítima pretensión de tutela de sus derechos laborales, que ostenta todo trabajador”.

Durante su larga vida laboral en el diario IDEAL de Granada, la redactora, que ahora tendrá que ser reintegrada en su puesto de trabajo, ha presentado distintas reclamaciones a la empresa en defensa de sus derechos. Fue presidenta del Comité de Empresa en 1994 y apoyó la apertura de una investigación interna, con carácter urgente, tras la denuncia que varias colaboradoras del medio interpusieron por vía penal contra el exsubdirector del periódico por agresiones sexuales, proceso tras el que resultó condenado a 18 meses de prisión. Igualmente, solicitó en su día la reducción de jornada por cuidado de hijo menor de seis años, tras cuya finalización, la empresa sólo aceptó reintegrarla en sus condiciones laborales anteriores tras varias reclamaciones y con un reparto de la jornada laboral poco habitual entre los redactores del medio. El último episodio en el que la redactora se vio obligada a reclamar de nuevo el cumplimiento de sus derechos tuvo lugar en febrero de 2013 a consecuencia de la compensación de un día festivo.

Esta firmeza de la redactora, mantenida en el tiempo, por la defensa de los derechos de los trabajadores y que concluyó con su despido el pasado mes de marzo, sólo nueve días después de reclamar la compensación de un día festivo, ha llevado a la jueza a concluir que la empresa no ha podido acreditar que “la amortización del puesto de trabajo de la actora esté suficientemente justificada y no obedezca al ejercicio de la misma de su derecho a reclamar el reconocimiento de sus derechos laborales”.

Por otra parte, en el mismo acto judicial, la empresa presentó un escrito pactado con el Comité de Empresa, del que no tenía conocimiento en todos sus términos la Asamblea de los trabajadores, en el que se modificaban las condiciones laborales de la plantilla y que podría haber dado cobertura al despido de la redactora, lo que también se ha tenido en consideración por parte de la juzgadora.

El Sindicato de Periodistas de Andalucía considera esta sentencia como un ejemplo de que la crisis económica actual no puede dar cobertura a las empresas para vulnerar los derechos de los trabajadores que deben encontrar su respaldo en la Legislación Laboral. Asimismo, los trabajadores de los medios de comunicación deben estar vigilantes ante las causas de despidos objetivos aducidas por las empresas al amparo de las pérdidas en sus cuentas de resultados porque la Ley establece un límite para las mismas y una justificación ajenas a los derechos de tutela judicial por parte de los trabajadores.