“Sin calidad, el periodismo tampoco sobrevivirá en Internet. Sin una información veraz, con su contexto para interpretar la realidad y favorecer la reflexión, ni el periodismo ni los medios digitales tendrán futuro”. Con esta rotundidad defendió Manu Mediavilla, vicesecretario general de la FeSP y secretario de Acción Sindical e Igualdad del Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM), la necesidad de un buen ejercicio profesional al servicio del derecho a la información de la ciudadanía.

En su ponencia ‘Periodismo de pega’, durante la segunda jornada del Curso de Verano ‘Reporterismo en la encrucijada’ coordinado por Rosa María Calaf en la Universidad Rey Juan Carlos, Mediavilla consideró las redes sociales “una herramienta útil y una oportunidad” para la democratización informativa. De todos modos, sugirió “no endiosarlas antes de tiempo”, ya que se enfrentan a importantes riesgos ante el empeño de los poderes políticos y económicos por su vigilancia y control.

Mediavilla, que denunció una paralela degradación democrática y periodística en los últimos años, dibujó una amplia galería de inquietudes para el derecho a la información. Entre ellas recordó, en el ámbito político, las promesas de regulación incumplidas por el Gobierno, así como, en el terreno organizativo y empresarial, la concentración de medios y su obsesión por el negocio. Todo ello, unido a la galopante precariedad e inseguridad laborales, ha favorecido una deriva profesional hacia la banalización de contenidos y el sectarismo en los espacios periodísticos de opinión.

Con ese pésimo telón de fondo han llegado periodistas y medios al gran reto de las nuevas tecnologías, en las que han quedado virtualmente ‘enredados’ entre la desesperada búsqueda empresarial de una salida de negocio y la confusión profesional en tiempos de precariodismo. Mientras el poder ciudadano intenta asentarse en Internet a caballo de la democratización informativa, ésta arrastra serias amenazas de control político y económico por parte de Gobiernos autoritarios -China, Irán y Honduras tras el golpe han sido claros ejemplos de ello- y de grandes operadoras telefónicas que manejan las infraestructuras de comunicación y fijan los nada baratos precios de acceso.