Varios grupos empresariales de la comunicación de diversas líneas editoriales, así como distintas formaciones políticas, han vuelto a dirigir sus ataques en los últimos días al Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC). Esta vez, el tema de sus críticas responde a la última adjudicación de licencias de frecuencias de radios en el ámbito catalán, responsabilidad que le corresponde al CAC; al concurso de ellas concurrieron 1.279 solicitudes para obtener alguna de las 83 frecuencias disponibles. Varios grupos empresariales de la comunicación de diversas líneas editoriales, así como distintas formaciones políticas, han vuelto a dirigir sus ataques en los últimos días al Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC). Esta vez, el tema de sus críticas responde a la última adjudicación de licencias de frecuencias de radios en el ámbito catalán, responsabilidad que le corresponde al CAC; al concurso de ellas concurrieron 1.279 solicitudes para obtener alguna de las 83 frecuencias disponibles.

Hasta el momento en que se conocieron las adjudicaciones es público que miembros del CAC recibieron presiones y amenazas; tanto por parte de algunas empresas aspirantes como por algunos de los grupos políticos que los habían propuesto para ese cargo. Incluso en el día previo al Pleno del tratamiento de esas adjudicaciones, se descubrieron micrófonos ocultos con la indudable intención de averiguar el voto de cada consejero.

Con posterioridad a las adjudicaciones, voces de algunos partidos políticos han manifestado su decepción porque los consejeros propuestos “les habían fallado” y en algún caso se ha llegado al insulto personal.

Ante estos acontecimientos, desde la Federación de Sindicatos de Periodistas manifestamos que:

– El sistema de adjudicación de frecuencias a través de un organismo independiente de los gobiernos ha sido una justa aspiración democrática que se ha plasmado al otorgarse esa capacidad al CAC.

– Que las agrupaciones políticas deben entender e interiorizar que los consejeros elegidos a su propuesta no son sus portavoces y que deben respetar su independencia.

– Que la persecución y caza de brujas organizada por algunas empresas de medios demuestran, una vez más, el escaso respeto de las mismas a las instituciones democráticas.

– Que la presión de unos y otros sobre los consejos audiovisuales ya ha provocado, como en Andalucía, la renuncia de miembros por la falta de competencias que les impedía realizar su labor.

– Que muchas de las empresas que hoy lanzan estos ataques han dado sobradas muestras de no respetar en absoluto la independencia de sus profesionales ni sus derechos laborales.

La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP estima que estas repetidas actuaciones comportan la desestabilización de una institución que es una  avanzada en la defensa del derecho a la información y tienen como segundo objetivo evitar la aprobación por las Cortes Generales, que lo viene demorando inexplicablemente, de la ley del audiovisual y la creación de la consiguiente autoridad reguladora.

Junta Ejecutiva Federal de la FeSP