La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) denuncia la preocupante actuación de algunos agentes policiales contra afiliados a los sindicatos, en manifestaciones celebradas durante los últimos meses. Esta actitud ha sido especialmente visible en Barcelona, donde da la sensación de que la Consejería de Interior del Gobierno catalán ha emprendido una auténtica ‘caza del huelguista’.

Sólo así se pueden entender actuaciones policiales tan disparatadas como ir a detener a ciudadanos a su lugar de trabajo, a pesar de conocer su domicilio, y trasladarlos a una comisaría únicamente para entregarles una notificación judicial porque participaron en algún piquete informativo. La desmesura ha llegado a tal extremo que una sindicalista que quemó una caja de cartón frente a la Bolsa de Barcelona fue imputada por violencia urbana y permaneció encarcelada más de 20 días.

La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP expresa su preocupación por esta persecución de los huelguistas y los manifestantes, porque en algunos casos parece más un intento de amedrentar a quienes ejercitan ese derecho constitucional en defensa de sus derechos recortados que el cumplimiento del deber de mantener el orden público por parte de los agentes policiales.

La misma preocupación despiertan las detenciones practicadas en Madrid y en Barcelona durante las concentraciones convocadas en el aniversario del 15-M, entre ellas la de un fotógrafo afiliado al Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM) mientras desarrollaba su trabajo para una agencia, pese a que se identificó como tal.

En Tarragona, dos fotógrafos fueron trasladados a dependencias policiales el pasado 18 de mayo y les exigieron que mostraran las imágenes que habían captado durante la visita del consejero de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz. En Madrid fue agredido un fotógrafo en la manifestación de mineros celebrada el 31 de mayo, a pesar de que se identificó, mientras fotografiaba los enfrentamientos entre policías y manifestantes.

A estas y otras injustificadas actuaciones policiales, que no alteran el trabajo correcto de la mayoría de los agentes, se suman distintas declaraciones de políticos y funcionarios vinculados al Gobierno catalán que han criminalizado tanto el ejercicio del derecho a manifestarse como el de la libertad de expresión. Ésta no debe ser la reacción de ninguna autoridad en un Estado democrático ante las más que justificadas protestas provocadas por los duros ajustes económicos que ha aprobado el Gobierno.

La FeSP hace un llamamiento al ministro del Interior y a los consejeros correspondientes de las comunidades autónomas, de manera especial al de la Generalitat catalana, Felip Puig, para que adopten las medidas necesarias para frenar estas actuaciones que parecen querer mostrar a los sindicalistas como ciudadanos antisociales, actitud propia de otros regímenes y de otros momentos de nuestra historia felizmente superados.

Junta Ejecutiva Federal de la Federación de Sindicatos de Periodistas