La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) rechaza con toda rotundidad el intento de desmantelar las televisiones públicas autonómicas que pretenden los gobiernos del PP. Los despidos anunciados en Telemadrid, Canal Nou e IB3 harán imposible que esas empresas puedan desarrollar su trabajo en condiciones mínimamente aceptables y dejarán la puerta abierta para la externalización de la mayoría de los programas.

La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP, reunida este fin de semana en Madrid, expresa su solidaridad a los trabajadores del diario El País, ante el escandaloso expediente de regulación de empleo con el que esa empresa ha despedido a 129 personas, una tercera parte de la plantilla, aplicándoles la reforma laboral en sus términos más duros: 20 días de indemnización por cada año trabajado con un límite de 12 mensualidades. También nos solidarizamos con los despedidos en Marca, Expansión, Unidad Editorial, el Grupo Joly y otras empresas.

Estos despidos son una prueba más de que las medidas de reforma del mercado laboral que ha aprobado el Gobierno del PP, y las que puso en marcha con anterioridad el del PSOE, no sólo no han servido para crear empleo sino que están contribuyendo a que aumente el número de despedidos en los medios de comunicación porque ahora les resultan mucho más baratos a las empresas.

La FeSP -una organización con 3.000 afiliados que representa a más de 15.000 trabajadores mediante sus delegados y comités de empresa- reitera su preocupación por las actuaciones violentas e irregulares de algunos agentes de policía, en concentraciones de protesta y manifestaciones públicas, y reclama del Ministerio del Interior y de las Consejerías correspondientes que investiguen esos casos y depuren todas las responsabilidades. La reciente detención de una cámara de La Sexta en Sevilla y las agresiones que han sufrido informadores de medios como la emisora Radioactividad y la revista La Directa han venido a sumarse a la larga lista de excesos de algunos policías, lo que se traduce en un claro ataque al derecho a la información de la ciudadanía porque impiden el trabajo de los periodistas. El caso de la cámara de La Sexta Ana García demuestra, además, de manera bien clara la precariedad en la que trabajan muchos informadores y las prácticas irregulares que aplican las empresas: no está contratada, trabaja como autónoma y no le dan un carné del medio.

Junta Ejecutiva Federal de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)