Unos 200 trabajadores de Canal Sur, convocados por el comité intercentros de la RTVA, se han concentrado en la puerta del Parlamento de Andalucía en protesta por la Ley de Presupuestos de 2012, que cuestiona la existencia de la Radio Televisión de Andalucía como servicio público, al reducir sustancialmente, en un 22 por ciento, la aportación de la Junta. La concentración fue apoyada por las secciones sindicales de CCOO, UGT, CGT y del Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA).

Una delegación sindical entregó a los grupos políticos del Parlamento un documento en el que se les reclamaba la modificación del artículo 36.1.d y la Disposición Adicional Undécima de la ley, por la que se faculta a Canal Sur para enajenar bienes inmuebles por importe superior a los 20 millones de euros y acciones por valor de 15 millones. Asimismo, facultan a la empresa a incrementar su endeudamiento. A juicio de los cuatro sindicatos, estas medidas alejan a la RTVA de su función de servicio público esencial (derecho a la información) que recogen tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía andaluz, “a la vez que lastran el desarrollo técnico e hipotecan el futuro de la empresa”.

En el documento se recuerda a los parlamentarios que la RTVA lleva dos años inmersa en un duro plan de ajuste, con recortes salariales, laborales y de contratación, y sin apenas inversiones, lo que ha lastrado tanto su función de servicio público como una mejor posición en el mercado de las audiencias. Hay que destacar a este respecto el insuficiente desarrollo de los servicios interactivos que permite la TDT o la paralización de la puesta en marcha del Canal Todo Noticias.

Los sindicatos recuerdan a los parlamentarios que Andalucía necesita una Radio Televisión Pública, “que vertebre sus ciudades y pueblos, con unos informativos libres, plurales, sin manipulación, contrastados, ofreciendo una programación de calidad que forme y entretenga a ciudadanos libres y no a meros consumidores pasivos”. Todo ello requiere una subvención pública estable, que garantice su supervivencia y el cumplimiento de la Carta de Servicio Público que tiene encomendado.